El concepto de justicia ambiental aplica las teorías de la justicia[1] al campo del medio ambiente y la ecología.[2][3] Se deriva de la consideración del medio ambiente y los servicios del ecosistema como elementos del bien común.
Este concepto se refiere a la distribución equitativa de las cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de interés común, tales como el agua y el aire.[4]Implica que hay derechos de acceso a la naturaleza para todos: individuos, familias, comunidades, empresas y otros grupos humanos en relación con el medio ambiente considerado como un bien común, pero a cambio de deberes y obligaciones legales.[5] De acuerdo con el filósofo Fabrice Flipo (2022), y basado en el Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD),[6] «en ausencia de terceros capaces de administrar justicia, los más fuertes exceden sus derechos y evaden a sus deberes, constituyendo poco a poco potentados privados. Por lo tanto, como era de esperar, las normas actuales conducen a un aumento global de las desigualdades».[5]
Estos deberes u obligaciones a menudo se agrupan en la noción de responsabilidad social y ambiental, bajo la premisa de que la libertad para explotar el medio ambiente se detiene donde amenaza a los demás, por tanto, es obligatorio no sobreexplotar un recurso. Asimismo, se enmarcan en la consideración de que el medio ambiente (biodiversidad, hábitats naturales, diversidad genética) estaría en sí mismo amenazado por las actividades humanas.
El concepto de justicia ambiental también invita a pensar e implementar medidas de reducción, reparación y compensación cuando el daño ecológico no puede evitarse, lo que a veces puede requerir o justificar una cierta "interferencia ecológica".[7]
La justicia ambiental también puede aplicarse a la distribución equitativa de los beneficios de las actividades que causan el cambio climático y las cargas de sus impactos.[8]En tal contexto, a veces se habla de injusticia y/o justicia climática.[9]